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El proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, en Colombia, simboliza la tensión entre visiones antagónicas de desarrollo. Para el Gobierno, una locomotora económica, para las comunidades: un desastre ambiental y una pérdida de soberanía territorial y alimentaria. Esta es la crónica de un proyecto que se ha saltado la legalidad pero que es protegido a punta de represión por el Estado.
sábado, 27 de octubre de 2012
domingo, 15 de julio de 2012
EMGESA-ENEL NO CUMPLE EN EL QUIMBO Y LA A.N.L.A SE LO GARANTIZA
De las obras del
quimbo y la verdad de los medios III
El articulo publicado en el Diario La Nación, el siete de Julio del
presente año, titulado “Emgesa
deberá cumplir compromisos”; hace referencia a la reunión sostenida
entre la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, ANLA, Luz Helena Sarmiento (recordada por negar la legítima y legal solicitud de una
Audiencia Pública realizada por las comunidades afectadas, para evaluar los
impactos e inconsistencias del proyecto hidroeléctrico, bajo el argumento de ser un “diálogo
de sordos”) [1];
la gobernadora Cielo
González Villa (que espera fallo de la Procuraduría General de la Nación
sobre su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos), el Procurador
Agrario Diego Vivas, el director de la Corporación del Alto Magdalena, Ariel
Borbón (recién reelecto), y los alcaldes del Hobo, Altamira, El Agrado, Garzón
y Gigante quienes inician su periodo constitucional y apenas están
comprendiendo y asumiendo la dimensión del efecto generado por el proyecto en
sus municipios. Dicha reunión se realiza “con
el fin de examinar el estado de cumplimiento de los compromisos y exigencias
pactados con la multinacional Emgesa”. Allí no participó la comunidad
afectada, ni la Contraloría Regional o Nacional o algunas de las tan mentadas
veedurías compuestas para dicho fin.
Con el titulo de la nota, queda claro la realidad del proyecto: han
pasado más de tres años desde que se inicio y en donde las comunidades
organizadas en ASOQUIMBO vienen documentando y reportando al Ministerio de Ambiente
y las diferentes autoridades competentes los incumplimientos y violaciones a
los derechos de los afectados por parte de la Transnacional Emgesa–Enel; y el
gobierno nacional las deja pasar de agache. Más bien reprime las manifestaciones
de las comunidades.
Esto es evidente al repasar algunas resoluciones, oficios y autos a
propósito del desarrollo del proyecto: Resolución
1096 del 14 de Junio de 2011 mediante la cual se impuso a Emgesa, medida
preventiva al reconocer que “la compra de predios está ocasionando una cadena
de impactos no previstos que demuestran la urgencia de tener una herramienta
para la identificación y valoración de la vulnerabilidad de los distintos
grupos poblacionales, para evitar el detrimento del bienestar de las personas
desplazadas por este efecto.” La
Resolución 1349 del 14 de Junio de 2011, mediante la cual, la CAM impuso “unas medidas preventivas” a Emgesa
que “impidan la continuación de la ocurrencia de actividades que atentan contra
el medio ambiente y los recursos naturales renovables”
Los
oficios 1746 y 1749 de 2011 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia
que ordeno la suspensión de obras debido
al detrimento del patrimonio arqueológico y el tratamiento ilegal de hallazgos
arqueológicos por Emgesa. Los
Autos No. 015 y 6- 068-11 de 2011 de la Contraloría General de la Nación
que abrió indagaciones preliminares contra el MADS, la CAM y el INVIAS, donde se
lee que: “se deriva de los análisis y visitas efectuadas y dada la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los
recursos del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos del sector”. A
pesar de todas ellas el proyecto continúa.
Por su parte Lucio Rubio Díaz, director General de Endesa, “destacó que la compañía viene cumpliendo con
todos los compromisos pactados”, sin ser controvertido por nadie en dicho
recinto, según muestra la nota de La Nación.
Es curioso ver cómo, tres años después, la directora de la ANLA, el
directivo de Emgesa y la Gobernación del Huila hablan de futuros seguimientos
por parte de los entes que representan o de instituciones para esto delegadas,
cuando es clara la complicidad que tejen para la realización del proyecto sin
responder a las garantía de los derechos de las poblaciones afectadas como es
responsabilidad del Gobierno Colombiano; pero y así las cosas, esto no generó suspicacia
o pregunta alguna por parte de la periodista.
El diario nos cuenta que en dicha reunión el alcalde de Altamira aborda
un aspecto del proyecto que demuestra la
perniciosa incidencia del proyecto en la gobernabilidad de los municipios
afectados. Es un asunto de soberanía nacional. Según
lo establecido en el Artículo 5 de la Ley
388 de 1997, “El ordenamiento del territorio municipal y distrital
comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de
planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les
compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en
orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas
y culturales.”
A la luz de lo establecido en dicha Ley y el Decreto
4002 de 2004, las revisiones solo pueden emprenderse por iniciativa del
Alcalde y en el comienzo de su período constitucional, siempre y cuando haya
vencido el término de vigencia de cada contenido; esto querría
decir que la declaratoria de interés público de las tierras para el proyecto expedida
por el gobierno de Uribe Vélez, va en contravía del mandato constitucional de
consensuar con las comunidades y sus autoridades locales y regionales “la
utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y
las tradiciones históricas y culturales”. En este sentido la ahora privatización
del Río Magdalena expresada en la resolución
1286 del 30 de Marzo del 2012 por la cual “se autoriza la restricción de la navegabilidad del Rio Magdalena, aguas
arriba del Embalse de Betania, durante la construcción de la Represa el Quimbo”
es incomprendida por quienes han vivido de él durante generaciones.
Sin embargo, para no volver atrás en el tiempo, la
pregunta que surge entonces es ¿quién está realizando la revisión del POT en
los municipios afectados por el proyecto? ¿Será la misma Emgesa?
¿Qué dicen las autoridades (Gobernación, Contraloría, Procuraduría Agraria y
demás) sobre el asunto?
Mientras las comunidades afectadas esperan respuesta a los diferentes
recursos jurídicos interpuestos de medidas cautelares, restablecimiento y
garantía del derecho; el gobierno colombiano se ha encargado de dar toda la
viabilidad y garantía jurídica a la Transnacional para que atropelle a los
afectados. Al levantar las sanciones impuestas a la empresa sin que ésta repare
e indemnicé por los daños que dieron
lugar a dichos actos administrativos, el gobierno muestra que su participación
no es pasiva, cosa que registra muy bien Emgesa
en su página en el link de componente ambiental haciendo una relación de
los actos administrativos que le aseguran jurídicamente su operación.
Seguramente
la directora de la ANLA y sus convidados salieron satisfechos con la reunión.
Paradójicamente el jueves 12 de los corrientes, Humberto Suaza escribe en La
Nación que “Campesinos de la zona de La Escalereta y Balseadero
taponaron la vía de ingreso a la vereda en señal de protesta por la destrucción
de sus viviendas por parte de Emgesa, sin tener en cuenta las reubicaciones y
el pago de compensaciones.” La realidad de las obras
del Quimbo pareciera alejarse de la verdad que los medios desdibujan al no
contextualizar la información que proporcionan.
Carlos
Ernesto Gómez Sánchez
Director
Asociación
Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS
Pdt: Por toda la avenida circunvalar de Neiva se pudieron ver los
carteles que se destacaron diciendo que el “Quimbo es energía para el Huila”,
vendiendo una idea que no responde a la realidad. La energía que produciría
eventualmente el Quimbo es para exportar.
sábado, 14 de julio de 2012
Noticia Importante
El proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, en Colombia, simboliza la tensión entre visiones antagónicas de desarrollo. Para el Gobierno, una locomotora económica, para las comunidades: un desastre ambiental y una pérdida de soberanía territorial y alimentaria. Esta es la crónica de un proyecto que se ha saltado la legalidad pero que es protegido a punta de represión por el Estado.
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El proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, en Colombia, simboliza la tensión entre visiones antagónicas de desarrollo. Para el Gobierno, una locomotora económica, para las comunidades: un desastre ambiental y una pérdida de soberanía territorial y alimentaria. Esta es la crónica de un proyecto que se ha saltado la legalidad pero que es protegido a punta de represión por el Estado.
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